Cuando se leen los términos de la iniciativa legislativa de los grupo radicales, no puede más que deducirse que se trata de un verdadero despropósito, que en no pocos aspectos raya en lo absurdo.
Pero los promotores de esta iniciativa lo que vienen a confirmar es que el tribunal Constitucional dejó un portillo abierto en su sentencia sobre la prohibición catalana, cuando no quiso entrar en el fondo de las cuestiones competenciales, en su reparto entre el Estado y las Comunidades autónomas.
Se trata de una realidad que ya en su día analizó con detalle el profesor Luis Hurtado en su informe "Presente y futuro de los toros en la doctrina del Tribunal Constitucional", que por su interés volvemos a referenciar en esta noticia.
Los grupos políticos PSIB, Podemos, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca, ante la imposibilidad de prohibir los espectáculos taurinos, como era su intención, han presentado una increíble Proposición de ley de regulación de corridas de toros en Baleares.
Esta nueva regulación prohíbe que se mate al toro y que se utilicen banderillas y puyas. Sólo se puede hacer uso del capote y la muleta.
Además, no se pueden celebrar espectáculos con caballos.
También estipula que el máximo de toros que se pueden lidiar por espectáculo serán tres y que la lidia de cada uno de ellos no puede durar más de diez minutos. Al finalizar el espectáculo, el toro deberá ser devuelto a la ganadería. Asimismo, se controlará la edad del toro y no se podrán celebrar novilladas.
En su texto también se establece que los toros y los toreros deberán pasar un control antidopaje antes y después de la corrida.
Por su parte, la Empresa deberá colocar un cartel dentro y fuera de la plaza en el que se advierta de que el espectáculo puede herir la sensibilidad de los espectadores.
Además, se amplía la edad mínima para poder presenciar una corrida de toros, de los 16 años actuales a 18 años y no se podrá vender alcohol.
Por otra parte, los empresarios y promotores deberán abonar fianzas previas por un importe mínimo de 300.000 euros y la competencia en materia de licencias y autorizaciones volverá a los consejos insulares.
Los promotores de la proposición han asegurado que disponen de mayoría suficiente para sacar adelante la ley, aunque en principio ésta no se aprobará hasta finales de este año.
El portillo que dejo abierto el Constitucional
Como en su día ya había advertido el profesor Luis Hurtado González, de la Universidad de Sevilla, el despropósito de esta iniciativa legislativa lo que hace es aprovechar el portillo que dejó abierto el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre el caso catalán.
Entonces, el profesor Hurtado ya advirtió: “No pudiendo las CC.AA. prohibirla así, directamente, el verdadero debate que subyace en la Sentencia es si, en ejercicio de la misma competencia sobre espectáculos, podría cada Comunidad regular la estructura y secuencia de la corrida y hacerlo —como quisiera, si quisiera— de un modo agresivo, esto es, alterando o suprimiendo sus elementos arquetípicos y convirtiéndola en otra cosa”.
Los peores augurios se comienzan ahora a materializar en la autonomía balear.
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