Frente a la arbitrariedad, la ley

Fundación Toro de Lidia

El pasado 20 de junio, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Villena acordaba llamar a declarar el próximo mes de septiembre como investigado (anteriormente, "imputado") de un presunto delito de prevaricación al ex alcalde de Villena en el marco de un procedimiento iniciado por la Fundación del Toro de Lidia.

El origen de este asunto está en la reiterada negativa del ex alcalde a ceder la plaza de toros de Villena para la celebración de festejos taurinos a pesar de la obligación legal de hacerlo, ratificada en diversas sentencias reiteradamente incumplidas. El ya ex alcalde trató siempre de hacer prevalecer su opción ideológica antitaurina frente a sus obligaciones legales y al cumplimiento de las sentencias. Frente a ello, desafortunadamente, no quedaba otra opción que acudir a la vía penal, que siempre debe ser el último recurso y que es realmente desalentador que tenga que utilizarse para recordar a un representante público que su primera obligación es cumplir la ley.

Hasta ahora a los políticos les ha resultado muy barato actuar contra la tauromaquia incumpliendo su obligación legal de protegerla y ampararla. Esto ha sido así en parte por la

ausencia en nuestro país de una conciencia clara de defensa frente a los abusos de los representantes públicos y en parte por la inacción de un sector deficientemente organizado como ha sido tradicionalmente el taurino. Pero ambas cosas están cambiando y ya ningún alcalde podrá ampararse en sus gustos o preferencias para autorizar o no la celebración de festejos taurinos o para ceder o no los recintos taurinos para celebrar en ellos los festejos para los que fueron concebidos.

A nadie se le ocurriría que un alcalde o el presidente de una Diputación pudiera impedir que en un teatro público se celebraran obras de teatro o que en un auditorio municipal se diera un concierto. Lo mismo sucede con las plazas de toros: son un bien público construido para una manifestación cultural reconocida legalmente que todas las administraciones públicas, cada una en el ámbito de sus competencias, tienen que proteger y promover. Y dentro de esta promoción la primera obligación es permitir que se celebren espectáculos taurinos en aquellos recintos construidos para ello.

En Villena se solicitó al Ayuntamiento la cesión de su plaza de toros para celebrar espectáculos taurinos, su Junta de Gobierno Local rechazó la solicitud y diversos juzgados reiteraron varias veces que la negativa del Ayuntamiento a ceder la plaza era ilegal.

Entre otros motivos, los jueces señalaron que el Ayuntamiento no era competente para autorizar o denegar la celebración de espectáculos taurinos o para cuestionar los rasgos jurídicos que definen la Tauromaquia como un bien de interés cultural, y que las supuestas "razones" alegadas por el Ayuntamiento (valga decir, excusas) tales como que los espectáculos taurinos tienen connotaciones negativas,

que no conviene asociarlos al municipio o que se consideran poco oportunos desde el punto de vista social y cultural de la ciudad, constituyen una absoluta falta de motivación de su decisión. Por tanto, la denegación de la cesión de la plaza era nula y el Ayuntamiento estaba obligado a ceder la plaza.

Como recordaba una de las sentencias, la Ley 18/2013 para la regulación de la Tauromaquia, configura a ésta como un patrimonio cultural "digno de protección en todo el territorio nacional", con un "deber de protección y conservación, así como promover su enriquecimiento". Y conforme a la Ley 10/2015, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural

Inmaterial, los poderes públicos deben ejercer una acción de salvaguardia sobre los bienes que integran el patrimonio cultural inmaterial (entre ellos la tauromaquia), en sus respectivos ámbitos de competencia. Por tanto, el Ayuntamiento de Villena, en su ámbito de competencia, también debe ejercer una acción de salvaguardia de la tauromaquia.

Aun así, el ex alcalde, en una clara vulneración de sus obligaciones legales y en un flagrante incumplimiento de esas sentencias, seguía negándose a ceder la plaza como única respuesta a las distintas solicitudes que se le efectuaban.

Por eso, la admisión de la querella interpuesta por la Fundación del Toro de Lidia y la citación como investigado del ex alcalde son un paso más para lograr que la plaza de Villena vuelva a destinarse a una de las finalidades que le resulta propia y un escalón más en la defensa de la tauromaquia frente a las arbitrariedades del poder público.

Esperemos que no haya que iniciar más actuaciones de este tipo porque los distintos representantes públicos, cada uno con su ideología y su programa, con sus prioridades y sus legítimas y enriquecedoras diferencias, cumplan la ley, amparen la tauromaquia y permitan y promuevan que todos los cosos taurinos de titularidad pública se destinen a la finalidad para la que fueron construidos: la celebración de espectáculos taurinos