NUEVE PALABRAS.....

“La garantía de un trato digno a los animales”. 

Será porque llueve sobre mojado, pero han bastado estas nueve palabras para que el Pre-acuerdo de Gobierno de coalición suscrito por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias siembre la alarma en el mundo del toro. Figura en el epígrafe genérico 3º, dedicado a la Transición Ecológica. 

Pero es que lo que en Unidas Podemos entienden como ”trato digno de los animales” ya tiene muchos antecedentes.

 Sin ir más lejos, la proposición de Ley que con el título de “Protección de Animales”  presentaron en Andalucía en abril de 2017. Casi un año después, Podemos propuso en Andalucía y en la Comunidad de Madrid la proibición de que los menores de 18 años asistieran a los festejos taurinos. 

Ninguna de ellas prosperó. 

Cabría recordar también como durante 2017 las filas de Pablo Iglesias apoyaron en la Cámara de las Isles la conocida como ley de la corrida a la balear, que al final resultó tumbada por el Tribunal Constitucional. 

Así podría seguir enumerándose los distintos intentos antitaurinos de los partidos de la izquierda y del nacionalismo más radical han planteado desde los tiempos del incansable Leonardo Anselmi contra la Fiesta en Cataluña.

Por más que ahora esté en decadencia el PACMA, que el 10-N perdió del orden 100.000 votos en toda España, quedándose en tan sólo el 0,94%, la desconfianza del mundo del toro con respecto a la política tiene sus fundamento. Pero no tanto por la presencia de las formaciones que militan en el animalismo, sino por la falta de confianza en el PSOE --que viene de años atrás-- y  las posiciones que pueda adoptar de nuestros días.

Resulta evidente que el partido que dirige Pedro Sánchez, como antes Rodríguez Zapatero, ha sido, desde los tiempos en los que se tramitaba la Ley taurina de 2013, ambivalente en esta materia. Con carácter general, pero también demarcaciones autonómicas y locales. 

Y ahí es donde hay que radicar todos los temores: no se sabe a ciencia cierta cuál pueda ser su posición en el programa que se fije como guía para ese posible este Gobierno de coalición, si consigue su investidura.

Pero eso es especialmente cosa de hoy: con el socialismo histórico no ocurría así. Desde luego, no pasaba así en la etapa de Felipe González o de Alfredo Rubalcaba. Y si nos remontamos más en la historia, otro tanto se comprueba, como bien explica en una interesante columna publicada en el digital Repubica.es Fernando Fernández Román con el titulo “El voto y el veto”.

En la actualidad hay barones socialistas comprometidos sinceramente en la defensa de la Tauromaquia. Sin ir más lejos, el manchego García Page, el extremeño Fernández Vara y la andaluza --hoy en la oposición-- Susana Díaz. Y en alguna medida en ese grupo podría incluirse también al aragonés Javier Lambán.

 A ellos y a los socialistas de la Transición, hoy con escaso peso dentro del que siempre fue su partido. Incluso dentro del círculo más próximo al hoy Presidente en funciones está Carmen Calvo, su vicepresidenta, sin reparo alguno en confesar su fe taurina y su condición de socia de la ATP.  Los temores taurinos se centran en saber qué grado de garantías pueden ofrecer todos ellos  dentro del PSOE cuando haya que hacer frente a los ataques a la Tauromaquia.

Aún en la duda, a ellos habrá que encomendarse en el futuro, porque una ley se quita o se cambia con otra ley. Por eso, que por más que la Tauromaquia cuenten con la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural --que el PSOE se abstuvo de aprobar--, nada impide su derogación.

 Ni siquiera resultan suficientes las sentencias del Tribunal Constitucional, tanto en el caso catalán como el de Baleares: en ellas lo que de verdad se dilucidó fue una cuestión competencial: lo que era propio del Estado y lo que era  privativo de las Comunidades Autónomas. Pero la experiencia enseña que los repartos de las competencias pueden cambiarse con un procedimiento legislativo ordinario.

Como bien han estudiado los profesores  Luis Hurtado (Universidad de Sevilla) y Dionisio Fernández de Gatta (Universidad de Salamanca), el TC ha sentado el anclaje constitucional de la Tauromaquia como parte de nuestro Patrimonio Cultural, y que como tal el Estado debe proteger. Y, en efecto, en la actualidad hay base constitucional suficiente para mantener la consideración de la Tauromaquia como patrimonio cultural.

Pero no por ello, el Gobierno y su mayoría parlamentaria dejan de carecer de competencias para introducir modificaciones en la legislación ordinaria; por ejemplo para que lo que la ley denomina “la corrida moderna” --como la define que la Ley en su condición de Patrimonio Cultural--  se traduzca por “la corrida a la portuguesa”, aunque eso vaya contra una historia milenaria, e incluso de esa doctrina jurisdiccional que en distintos aspectos han ido fijando diversas instancias de la Justicia. Al final, los Tribunales  lo que deben valorar es la adecuación de cualquier norma con la legislación que en cada momento esté vigente.

 

Por eso resultan tan importante que en la Cámara se cuente con suficientes apoyos a la actual legislación taurina. Y ahí la mayor responsabilidad corresponde a la futura bancada socialista, en la que también hay buenos aficionados a los toros.  Pero se abriga la duda de si, planteada una coyuntura complicada, la tradición cultural milenaria  sería suficiente como para ponerla por delante de las convencionales políticas ocasionales.