Anda el planeta de los toros hondamente preocupado con el nuevo
Gobierno y, especialmente, con las supuestas intenciones de la llamada
Dirección General de Bienestar Animal, dependiente del vicepresidente
Pablo Iglesias.
¿Se
acabarán los toros?, es la pregunta que más se oye estos días en las
barras de los bares taurinos. Hay quien piensa que la tauromaquia no
durará más de dos años, que un referéndum acabará con ella, que sufrirá
un insoportable acoso que no podrá superar, o que un periódico tan
importante como este decidirá eliminar la sección de La Lidia.
Es evidente que el sector taurino está inquieto y atemorizado como un
tembloroso cervatillo ante la persecución de un hambriento depredador.
Pero da la impresión de que es mayor el miedo que el peligro real.
No
hay que olvidar que, por lo general, el ser humano sufre más por lo que
imagina que por lo que sucede.
¿Se acabarán los toros?
Pero si los toros se están acabando desde
hace años, cuando Pablo Iglesias aún era estudiante en la universidad y
Pedro Sánchez pegaba carteles electorales para abrirse camino en su
partido…; pero si los toros han perdido predicamento social ante la más
absoluta desidia de los taurinos, el silencio de los aficionados y la
indiferencia de los partidos políticos…
Es más, nunca el PSOE —tan ambiguo siempre en esta materia— ha
expresado su intención de suprimir la fiesta de los toros, y gobierna en
dos comunidades abiertamente taurinas, como son Castilla-La Mancha y
Extremadura.
Unidas Podemos se ha limitado a manifestar su oposición a la fiesta,
no ha hablado de prohibición y parece que hace hincapié en la
eliminación de todo tipo de ayudas.
Y respecto a El País, El Defensor del Lector aclaraba el pasado día 8
que “nadie ha dicho ni sugerido siquiera que vayan a desaparecer las
crónicas taurinas; solo he publicado que al periódico llegaron en junio cientos de mensajes con la petición de eliminar esta sección, pero el periódico ya explicó las razones por las que la mantiene”.
A pesar de todo, es lícito pensar que un Gobierno de izquierda como
el actual pudiera plantearse una hipotética cruzada contra los toros; es
lícito, pero improbable.
Y bastan tres razones para sustentar la duda.
1º - El nuevo ejecutivo tiene sobre la mesa una larga
lista de muy serios y graves problemas (presupuestos, Cataluña, empleo,
pensiones, reforma laboral, cambio climático, educación, etcétera) que
exigen una atención prioritaria, muy por delante del polémico asunto
(menor) de la tauromaquia.
2º: si el nuevo Gobierno decidiera arremeter contra la fiesta cometería un error de consecuencias imprevisibles.
Ténganse en cuenta varios datos:
- En 2017, el último año de que se tienen datos, el impacto económico
de los toros fue de 4.500 millones de euros, según la Asociación
Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET).
- Los toros son un suculento chollo para el Estado. Los Presupuestos
Generales solo recogen una partida de 30.000 euros para el patrocinio
del Premio Nacional de Tauromaquia y a cambio reciben en torno a unos 60
millones de euros anuales en concepto de IVA.
- El sector taurino asegura que sostiene 57.000 puestos de trabajo
directos y 200.000 indirectos, y son muchos los sectores económicos que
de manera temporal o permanente viven del espectáculo.
Si el Gobierno intentara acosar de manera desmedida a la fiesta se
metería en un berenjenal, en un charco del que se desconoce la
profundidad, y su actitud pudiera dar lugar a un conflicto social y
económico innecesario.
Y la 3º razón:
Las competencias taurinas están transferidas a
las Comunidades Autónomas y dos leyes estatales regulan la tauromaquia:
la ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en
materia de espectáculos taurinos, y la ley 18/2013, de 12 de noviembre,
para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural.
La prohibición llevaría consigo la derogación de estas normas, lo que
no es previsible; y si los políticos optaran por un modelo que
permitiera a las comunidades autónomas regular a su antojo el
espectáculo taurino, sería necesaria una mayoría con la que no cuentan
los antitaurinos declarados.
Y un último apunte.
No los taurinos —matadores (cuánto
desprecio y arrogancia de algunas figuras) (Talavante acaba de anunciar
su reaparición sin toros en el cartel), subalternos, empresarios,
ganaderos, apoderados…— que carecen de la mínima credibilidad y se han
ganado con creces el título de enemigos declarados de la fiesta por su
desunión, su pasividad, inoperancia, ausencia de compromiso e
incalificable irresponsabilidad; ni el público, veleidoso y ocasional,
sino los aficionados, los clientes fijos, los que sueñan cada tarde con
la emoción del toro y el torero como un regalo de los Reyes Magos.
Si los aficionados se limitan a quejarse en la barra del bar, a
organizar entrega de premios y visitas a ganaderías, y esperan que la
fiesta se defienda sola, están en un craso error.
El aficionado a los toros debe ser un militante protagonista que
salga del anonimato social, se deje ver, exprese sus opiniones, sea
exigente con los taurinos y políticos, y se manifieste en la calle, si
es necesario, para defender un patrimonio que nadie le debe arrebatar.
El problema, el verdadero y más grave problema, es que son pocos
porque muchos han huido de las plazas empujados por el aburrimiento y
las malas artes de quienes tenían la obligación de trabajar cada día
para fidelizarlos.
Y los antitaurinos lo saben.
Saben que el verdadero
enemigo, y el más dañino, está dentro.
Quizá, la mejor política
abolicionista sea la actual: ausencia de aprecio y cariño a la espera de
que la fiesta desaparezca por sí sola.
¿Se acabarán los toros?
Dijo en un acto taurino el ya expresidente de la Junta de Andalucía
Manuel Chaves que los toros solo se acabarán el día que nadie se siente
en un tendido. Este es el problema.
Lo de Unidas Podemos y su entorno no
debe pasar de un disgusto.
Y otra reflexión más:
La tauromaquia no desaparecerá porque algunos
la ataquen, sino porque no la defiendan quienes dicen amarla.
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