VOLVERLO DEL REVÉS

Por Santi Ortiz.

    

Creo que hasta ahora hemos seguido –yo el primero– un camino equivocado tratando de acoplar la realidad existente en el mundo del toro, a raíz de la pandemia, con la legalidad vigente; cuando es justamente al revés, pues son las leyes las que se han de adaptar a la realidad que nos ha caído encima, para no crear un inadmisible agravio comparativo que victimice a los profesionales del toreo.

     Internarse por los vericuetos, callejuelas, revueltas, pasadizos y zacatines de los distintos barrios del Derecho exige la jurispericia de legistas, juristas y demás profesionales de dicho ámbito, los legos como yo somos transeúntes desnortados e incautos a los que engañar o extraviar no cuesta trabajo alguno. Por eso, no debemos entrar en ese zoco. Y no hay que hacerlo por una sencilla razón:  el hombre no está hecho para las leyes, sino las leyes para el hombre.

     ¿Qué tenemos desde la perspectiva del hombre? 

Simplemente, un conjunto de trabajadores, de empresarios, de profesionales, que pagan religiosamente las cotizaciones que tengan estipuladas a la Seguridad Social, ejerciendo una profesión absolutamente legal, cuyo sector se acoge al Ministerio de Cultura, y que por causa de las medidas sanitarias exigidas por el COVID-19, y agravadas por el régimen estacional de su trabajo, no han podido ingresar ni un euro en lo que llevamos de año.

 

     Así las cosas, un Gobierno que presume ser de todos los españoles, un Ministerio de Cultura que se ha jactado de “no dejar a nadie atrás”, y que ha concedido ayudas a todos –salvo a uno– los sectores bajo su mando, no sólo ha despreciado, desestimado, arrumbado, desatendido, desdeñado, vilipendiado y dejado atrás a los profesionales del toreo, sino que se han acogido a todas las triquiñuelas legales en su mano para tratar a dichos trabajadores como si fueran escoria negándoles las prestaciones y ayudas a las que tenían –y tienen– pleno derecho.

     No sé, ni me importa, si hay leyes que se avienen con esta situación o hay que inventarlas. Lo cierto es que, de una u otra forma, este problema debe resolverlo el Gobierno, el embustero Uribes y toda su comparsa, a favor de los trabajadores del toreo. Tienen la obligación política y moral de hacerlo, y hacerlo ya, porque hay situaciones que se están volviendo insostenibles en muchas de las familias damnificadas. No está la cosa como para que ahora se pongan a estudiar posibles soluciones, ya –para eso les pagamos– tendrían que haberlo hecho, y si no, un decreto de urgencia para que los profesionales taurinos queden acogidos dentro del Real Decreto 17/2020, y si no, lo que sea; pero esto no puede continuar así. También habría que pegarles un tirón de oreja a la Fundación del Toro de Lidia y demás asociaciones, que parecen haberse paralizado después de “los paseos”. ¿Para qué ha servido esa “comunicación fluida con el ministerio”? A efectos prácticos, ¿qué se ha logrado?

     Nuestra Constitución dice en su artículo 14, que todos los españoles somos iguales ante la ley, “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. ¿Cómo, entonces, vamos a permitir una discriminación por el hecho de ser taurinos y dedicarnos al toreo? Lo que está haciendo el Gobierno y, en particular, el Ministerio de Cultura es inconstitucional. ¿Qué esperan los adalides del toreo para interponer una denuncia directamente en el Tribunal Constitucional, ya que es posible hacerlo?

     No teman. No voy a tirarme de espontáneo al ruedo de los leguleyos, pero déjenme decirles que el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a la percepción de un subsidio, cuando se haya visto afectada por la “pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. Por cierto, que esto último lo citaba Julio Anguita en el que creo su postrer artículo publicado.

     En cualquier caso, que sepa el Gobierno, el embustero Uribes y toda su camarilla, que, al negar las ayudas a los profesionales taurinos, también están incumpliendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

     Y aunque no incumplieran nada, erre que erre, desde aquí les digo que empleen los medios necesarios para cumplir con su deber como gobernantes y garantizar el derecho que asiste a cada español por desempeñar la profesión que ocupa dentro de las que están establecidas. Y al que no le guste el toreo, que se joda, que de eso no estamos hablando.