Cancelado el Premio Nacional de Tauromaquia

 

El Ministerio de Cultura, en manos de Sumar, ha suprimido el galardón de este año y ha iniciado los trámites para su anulación definitiva. Se entregaba desde 2013 con una dotación de 30.000 euros.

Se veía venir, pero no por esperada es una noticia menos dolorosa: el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha decidido suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia que desde 2013 destacaba anualmente a una figura relevante del sector.

Paradojas de la vida: el Gobierno central, que no se caracteriza, precisamente, por su apego a la tauromaquia, la mantiene en el Ministerio de Cultura, pero nombra a un ministro abiertamente antitaurino, dispuesto, por lo que parece, a hacerle todo el daño posible.

Y aquellas comunidades autónomas que han convertido la fiesta de los toros en una bandera electoral, no exenta de interesados tintes políticos, gestionan los toros desde consejerías relacionadas con la seguridad, interior, medio ambiente, agricultura, función pública, presidencia o justicia, entre otros departamentos.

Tanto el Ejecutivo nacional como los autonómicos olvidan la letra y el espíritu de la ley 18/2013 de 12 de noviembre para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural. En el preámbulo de esa norma, el legislador afirma que “la tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles en cuanto actividad enraizada en nuestra historia y en nuestro acervo cultural común”. A continuación, enfatiza que “el carácter cultural de la tauromaquia es indiscutible y merece ser preservado como un tesoro propio de nuestro país; es una manifestación artística en sí misma desvinculada de ideologías”.

La ley admite que “existe un consenso en la aceptación mayoritaria del carácter cultural, histórico y tradicional de la tauromaquia como parte esencial del Patrimonio Histórico, Artístico, Cultural y Etnográfico de España; y, como tal, es responsabilidad de los poderes públicos asegurar la libertad del creador y, en este caso, del desarrollo de cualquier expresión artística, como es la tauromaquia, y el respeto hacia ella”.

“Podemos afirmar” concluye el preámbulo de la norma “que la tauromaquia conforma un incuestionable patrimonio cultural inmaterial español, que no ostentamos en exclusiva, sino que compartimos con otros lugares como Portugal, Iberoamérica y el sur de Francia”.

Dos años antes de la promulgación de la ley, aprobada en tiempos de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y con mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a instancias del entonces vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, decidió trasladar las competencias taurinas del Ministerio del Interior al de Cultura a finales de julio de 2011, cuando este departamento lo dirigía Ángeles González Sinde. La referencia del Consejo de Ministros señaló entonces que entendía la tauromaquia “como una disciplina artística y un producto cultural”, y consideró que las competencias del Estado en orden a su fomento y protección “tienen desde luego su correcta ubicación en el Ministerio de Cultura”.

 Este departamento, continuaba la nota, “se ocupará de la promoción y el fomento de esta disciplina artística, los estudios, estadísticas y análisis sobre la materia y también del registro de profesionales del sector”.

La decisión del Gobierno central, promovida meses antes por un grupo de primeras figuras del toreo y empresarios del sector, permitió que algunas autonomías —todas ellas contaban ya con las transferencias en materia taurina— dieran un paso más y elevaran la tauromaquia a la consideración de Bien de Interés Cultural. Así lo decidieron en el mismo año 2011 las de Castilla-La Mancha, Valencia y Madrid; antes, en 2010 lo había hecho Navarra; en 2012, lo hizo Murcia; en 2014, Castilla y León, y en 2018, La Rioja.

Desde aquel traslado de 2011, el Ministerio de Cultura publica anualmente las estadísticas taurinas y el registro de profesionales, pero su tarea de fomento y promoción se ha limitado a la concesión anual de una de las medallas de las Bellas Artes a algún taurino destacado, práctica que se repite desde 1996, y el Premio Nacional de Tauromaquia, suprimido ahora por el Ministerio.

Y las Comunidades Autónomas denominadas ‘taurinas’?

A todas ellas, sean del signo político que sean, se les satura la boca al hablar de la fiesta de los toros como manifestación cultural, su trascendencia económica y compromiso con el medio ambiente, pero se sienten profundamente acomplejadas a la hora de darle su lugar merecido en el organigrama del Gobierno y, por supuesto, cuando deben decidir qué partida presupuestaria corresponde al sector.

Con la colaboración de la Fundación Toro de Lidia y del propio Ministerio de Cultura se ha podido elaborar la siguiente lista sobre la ubicación de la tauromaquia en los organigramas de las distintas comunidades autónomas consideradas taurinas.

Gobierno central (PSOE)

Ministerio de Cultura.

Madrid (Partido Popular)

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

Andalucía (Partido Popular)

Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa.

Valencia (Partido Popular en coalición con Vox)

Conselleria de Justicia e Interior.

Conselleria de Cultura y Deporte a efectos de fomento y promoción.

Castilla y León (Partido Popular en coalición con Vox)

Consejería de Presidencia.

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a efectos de fomento y promoción.

Extremadura (Partido Popular en coalición con Vox)

Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Dirección General de Infraestructuras Rural, Patrimonio y Tauromaquia.

La Rioja (Partido Popular)

Consejería de Salud y Políticas Sociales.

Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos. Dirección General de Justicia e Interior.

Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud a efectos de fomento y promoción.

Navarra (PSOE en coalición con Geroa Abai)

Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.

Sección Juegos y Espectáculos Públicos perteneciente a la Dirección General de Interior.

País Vasco (PNV en coalición con PSOE) (Antes de las últimas elecciones)

Consejería de Seguridad.

Dirección de Juegos y Espectáculos.

Murcia (Partido Popular en coalición con Vox)

Consejería de Presidencia, Portavocía y Acción Exterior.

Dirección General de Administración Local.

Aragón (Partido Popular en coalición con Vox)

Consejería de Presidencia, Interior y Cultura.

Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos. Dirección General de Interior y Emergencia.

Castilla-La Mancha (PSOE)

Consejería de Hacienda, Administración Pública y Transformación Digital.

Servicio de espectáculos públicos y autorizaciones administrativas. Dirección General de Protección Civil.

Llama la atención que dos de las comunidades en las que se celebra un mayor número de festejos, Madrid y Andalucía, y donde sus dirigentes políticos presumen hasta la saciedad de un apoyo sin fisuras a la tauromaquia como patrimonio cultural, mantengan a los toros en departamentos que nada tienen que ver con Cultura.

Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de Madrid y responsable taurino en esta Comunidad, respondía el pasado 23 de febrero a la pregunta de por qué los toros siguen dependiendo de Interior: “Podrían estar en Cultura, claro que sí, pero se tomó esa decisión para aprovechar las sinergias que surgen de la regulación de los festejos populares, los nombramientos de comisarios como presidentes de Las Ventas… Y la crianza del toro está muy conectada con el medio ambiente”.

A la misma cuestión respondía el 12 de abril Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía: “Bueno, históricamente, y en la mayoría de las comunidades autónomas, las competencias taurinas han estado y están en Interior. Si los llevamos a Cultura para nombrar a un ministro antitaurino, mal negocio hacemos. ¿No será mejor contar con un consejero de Interior plenamente taurino? Creo que lo importante no es el apellido de la consejería, sino el compromiso. Además, toda la vida ha estado en Interior”.

Esta dejadez no es solo patrimonio del Partido Popular. En Castilla-La Mancha y en Navarra, por ejemplo, los ejecutivos del PSOE tampoco han tenido en consideración el patrimonio cultural de la tauromaquia.

Unos y otros, claro se saltan a la torera la letra y el espíritu de la ley 18/2013. Si es verdad que son taurinos, los son de pacotilla, o su memoria es tan flaca que desconocen que la tauromaquia debe ser considerada cultura al mismo nivel que otros sectores de esta industria.

Por eso, a todos ellos, políticos centralistas y autonómicos, se les puede espetar: ¿La tauromaquia, patrimonio cultural? ¡Anda ya…!