El Constitucional tiene previsto que el recurso sobre la prohibición catalana a la Fiesta de los toros se abordará en Septiembre.
Antecedidos por la campaña popular de la Fundación del Toro para solicitar que la sentencia no se retrase más, después de seis años en proceso, ahora toca esperar a la decisión definitiva del Alto Tribunal, cuya importancia aumenta de día en día, en paralelo con las agresiones que viene sufriendo la Tauromaquia.
Como es de toda lógica, el mundo del toro espera con expectación el fallo que ahora pronuncie al alto tribunal, en la misma media que hay mucho en juego con esta sentencia.
Ya estamos en septiembre, el mes en el que está previsto que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado en día contra la ley del Parlamento catalán por la que se prohibieron los espectáculos taurinos en aquella comunidad autónoma.
El dictamen sobre el recurso, elaborado por la magistrada Encarnación Roca, lleva muchísimo tiempo guardado en un cajón; tanto que ya estaba elaborado al menos en su primera versión en la época que el Constitucional estaba presidido por Pascual Sala, que ocupó el cargo entre 2011 y 2013; en uno de los últimos plenarios que presidió el dictamen sobre este recurso estuvo a punto de figurar en el orden del día y la final se dejó para mejor ocasión. Como se sabe, el recurso fue admitido a trámite en el año 2010.
Conviene hacer nota que el hecho de preanunciar un tema que abordará el plenario del TC es un hecho inusual. Según se explicaba cuando se realizó este anuncio, gracias al trabajo periodístico de Nati Villanueva y Rosario Pérez en las páginas de ABC --publicado en el pasado mes de julio-- , el dictamen se pone sobre la mesa cuando en buena medida ya ha pasado el bloque fundamental de recursos en materia tan sensible como los planteados por las decisiones del independentismo catalán.
Una vez declaradas inconstitucionales una tras otras sus propuestas, puede resultar más cómodo abordar un tema tan puntual como la prohibición taurina, cuando de manera directa --la indirecta es otra cosa-- no afecta al proyecto de secesión, sino que nace formalmente de una legislación sobre protección de los animales.
Junto a una amplia fundamentación jurídica, como consta en el texto del recurso, la resolución el TC deberá considerar –como recordaba hace unas semanas Juan Manuel Albendea en las páginas de ABC de Sevilla-- la legislación última ya en vigor que es de aplicación a este caso; se trata la ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
A nadie se le oculta que en la sentencia que ahora se dicte, el Constitucional deberá tener en cuenta los daños colaterales que ha provocado su inexplicable retraso. De hecho, la ausencia de su pronunciamiento ha generado una especie de “barra libre” para que un conjunto de instituciones públicas, sin competencia alguna que las habilite para ello, vienen manteniendo un verdadero acoso contra la Tauromaquia.
En el fondo, se ha producido una situación de clara indefensión, con consecuencias incluso en el orden económico; por ejemplo, nada pequeño es el daño causado a empresarios y profesionales que no han podido ejercer su legítima actividad, como de alguna modo se debe un resarcimiento por la creación de ambiente hostil para quienes participan o presencian un espectáculo plenamente protegido por la ley.
Y todo eso son bienes protegibles por la ley y por los Tribunales.
Cuando se ha estado esperando seis años pasados --en el campo bravo, ese toro estaría ya fuera de su tiempo, no se podría lidiar--, es de esperar que ahora los garantes de la Constitución dicten su resolución sin complejos de ninguna clase, velando exclusivamente por la defensa de la legalidad.
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