Fundación Toro de Lidia
El pasado 20 de junio,
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Villena acordaba
llamar a declarar el próximo mes de septiembre como investigado
(anteriormente, "imputado") de un presunto delito de prevaricación al ex
alcalde de Villena en el marco de un procedimiento iniciado por la
Fundación del Toro de Lidia.
El origen de este asunto está en la
reiterada negativa del ex alcalde a ceder la plaza de toros de Villena
para la celebración de festejos taurinos a pesar de la obligación legal
de hacerlo, ratificada en diversas sentencias reiteradamente
incumplidas. El ya ex alcalde trató siempre de hacer prevalecer su
opción ideológica antitaurina frente a sus obligaciones legales y al
cumplimiento de las sentencias. Frente a ello, desafortunadamente, no
quedaba otra opción que acudir a la vía penal, que siempre debe ser el
último recurso y que es realmente desalentador que tenga que utilizarse
para recordar a un representante público que su primera obligación es
cumplir la ley.
Hasta ahora a los políticos les ha resultado muy
barato actuar contra la tauromaquia incumpliendo su obligación legal de
protegerla y ampararla. Esto ha sido así en parte por la
ausencia
en nuestro país de una conciencia clara de defensa frente a los abusos
de los representantes públicos y en parte por la inacción de un sector
deficientemente organizado como ha sido tradicionalmente el taurino.
Pero ambas cosas están cambiando y ya ningún alcalde podrá ampararse en
sus gustos o preferencias para autorizar o no la celebración de festejos
taurinos o para ceder o no los recintos taurinos para celebrar en ellos
los festejos para los que fueron concebidos.
A nadie se le
ocurriría que un alcalde o el presidente de una Diputación pudiera
impedir que en un teatro público se celebraran obras de teatro o que en
un auditorio municipal se diera un concierto. Lo mismo sucede con las
plazas de toros: son un bien público construido para una manifestación
cultural reconocida legalmente que todas las administraciones públicas,
cada una en el ámbito de sus competencias, tienen que proteger y
promover. Y dentro de esta promoción la primera obligación es permitir
que se celebren espectáculos taurinos en aquellos recintos construidos
para ello.
En Villena se solicitó al Ayuntamiento la cesión de su
plaza de toros para celebrar espectáculos taurinos, su Junta de Gobierno
Local rechazó la solicitud y diversos juzgados reiteraron varias veces
que la negativa del Ayuntamiento a ceder la plaza era ilegal.
Entre
otros motivos, los jueces señalaron que el Ayuntamiento no era
competente para autorizar o denegar la celebración de espectáculos
taurinos o para cuestionar los rasgos jurídicos que definen la
Tauromaquia como un bien de interés cultural, y que las supuestas
"razones" alegadas por el Ayuntamiento (valga decir, excusas) tales como
que los espectáculos taurinos tienen connotaciones negativas,
que
no conviene asociarlos al municipio o que se consideran poco oportunos
desde el punto de vista social y cultural de la ciudad, constituyen una
absoluta falta de motivación de su decisión. Por tanto, la denegación de
la cesión de la plaza era nula y el Ayuntamiento estaba obligado a
ceder la plaza.
Como recordaba una de las sentencias, la Ley
18/2013 para la regulación de la Tauromaquia, configura a ésta como un
patrimonio cultural "digno de protección en todo el territorio
nacional", con un "deber de protección y conservación, así como promover
su enriquecimiento". Y conforme a la Ley 10/2015, para la Salvaguardia
del Patrimonio Cultural
Inmaterial, los poderes públicos deben
ejercer una acción de salvaguardia sobre los bienes que integran el
patrimonio cultural inmaterial (entre ellos la tauromaquia), en sus
respectivos ámbitos de competencia. Por tanto, el Ayuntamiento de
Villena, en su ámbito de competencia, también debe ejercer una acción de
salvaguardia de la tauromaquia.
Aun así, el ex alcalde, en una
clara vulneración de sus obligaciones legales y en un flagrante
incumplimiento de esas sentencias, seguía negándose a ceder la plaza
como única respuesta a las distintas solicitudes que se le efectuaban.
Por
eso, la admisión de la querella interpuesta por la Fundación del Toro
de Lidia y la citación como investigado del ex alcalde son un paso más
para lograr que la plaza de Villena vuelva a destinarse a una de las
finalidades que le resulta propia y un escalón más en la defensa de la
tauromaquia frente a las arbitrariedades del poder público.
Esperemos
que no haya que iniciar más actuaciones de este tipo porque los
distintos representantes públicos, cada uno con su ideología y su
programa, con sus prioridades y sus legítimas y enriquecedoras
diferencias, cumplan la ley, amparen la tauromaquia y permitan y
promuevan que todos los cosos taurinos de titularidad pública se
destinen a la finalidad para la que fueron construidos: la celebración
de espectáculos taurinos
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