Más madera

Por si no estuviera especialmente complicada la situación del negocio taurino en estos años de crisis, el grupo de las primeras figuras integradas en el denominado G-10 ha decidido gestionar directamente la explotación de sus derechos de imagen, a través de la empresa All Sports Media. Como se recordará, en la última asamblea de la Unión de Toreros se abordó esta cuestión, sin que consiguieran alcanzar un acuerdo. Ahora, la decisión del G-10, a la que al parecer se ha unido posteriormente una veintena más de toreros, crea una situación hasta ahora inédita en el mundo taurino.
La empresa All Sports Media ha dado a conocer, dentro de sus actividades en el capítulo de “Cultura”, que “disponemos de los derechos audiovisuales de toreros, entre los que destacan: Julián López “El Juli”, José María Manzanares, Miguel Ángel Perera, Cayetano Rivera, Alejandro Talavante, David Fandila “El Fandi”, Manuel Jesús “El Cid”, Morante de la Puebla y Enrique Ponce. Poseemos los derechos audiovisuales en exclusiva tanto a nivel nacional como internacional”.
De forma no oficial, han informado que ya ha comenzado su tarea en esta materia, iniciando las conversaciones con Digital Plus, de cara a sus próximas retrasmisiones taurinas en la temporada de 2012.
Aunque la empresa no ha informado nada al respecto, ha confirmado que al menos una veintena más de toreros se han unido a esta iniciativa del G-10 y han firmado también un contrato de cesión de derechos a favor de ASM.
All Sports Media 66 S.L., con sede en Madrid, en la calle Padre Damián, se define así misma como “formada por profesionales con más de 15 años de experiencia en la gestión de derechos deportivos, patrocinio, eventos, marketing deportivo, publicidad, comunicación, redes sociales y desarrollo de negocio con las principales entidades deportivas y empresas multinacionales”.
De acuerdo con la normativa que regula esta materia, la cesión de la explotación de estos derechos de imagen debe ser realizada personalmente por el interesado; esto es: no es materia para realizar una cesión corporativa, sino que cada uno debe realizar la decisión de sus derechos propios.
Lo que nada impide la normativa es que un colectivo se ponga de acuerdo para que cada uno de sus miembros realice esta cesión a unos mismos representantes. Por eso, a lo máximo que podía llegar el acuerdo de la Unión de Toreros era a consensuar que todos sus miembros cedieran tales derechos a una única empresa. Pero finalmente la Asamblea dejó sobre la mesa el tema, sin tomar ninguna resolución.
Resulta evidente que al realizar esa cesión de derechos, fuera antes o después de la fallida Asamblea, los miembros del G-10 actuaron con toda legalidad. No hicieron otra cosa que ejercer un derecho que la ley les reconoce. Cosa bien diferente es si esta forma de actuar, situándose al margen del colectivo profesional, no va consolidar una vez más la tradicional desunión que existe entre los profesionales, a la hora de abordar problemáticas que les afectan a todos.
Lo anterior cobra especial relevancia en la medida que, como es absolutamente lógico, al amparo del tirón que puedan tener las primeras figuras, el resto del escalafón tiene más facilitado su camino. De hecho, como se comprobó en el despliegue de sus actuaciones con los políticos en pasados meses, resultó fundamental que fuera el G-10 el protagonista: consiguió que se les abrieran todas las puertas y que hoy sea una realidad, por ejemplo, el traspaso de las competencias taurinas al ministerio de Cultura. Otro tanto ocurre con la gestión de los derechos de imagen: actuando cada cuál por su cuenta, quienes no estén situados en lugares del privilegio dentro del escalafón van a carecer de la fuerza necesaria para alcanzar sus objetivos.
Por otro lado, el paso dado por el G-10 abre un nuevo horizonte en cuanto se refiere a las relaciones con las distintas televisiones que realizan retrasmisiones taurinas. Se acabó eso de la contratación en bloque de las ferias entre empresarios taurinos y gestores de televisión; ahora hay un grupo apreciable de toreros, muchos de ellos indispensables en las ferias, que han decidido intervenir directamente en ese proceso.
Si como ha dicho bien claro Ramón Valencia, gerente de la Maestranza sevillana, hoy por hoy ferias como Madrid o Sevilla resultan inviables sin la televisión, ahora se encuentran con un palillo más que tocar en este asunto de por sí tan complejo.
Pero Valencia añadió un dato que hoy recobra especial interés: para la temporada de 2012 ya estaba firmado el contrato con Digital Plus para ofrecer la feria de abril y la de San Miguel. Muy probablemente no es el único de los grandes empresarios que tiene contratos plurianuales en esta materia. ¿Qué se hace ahora con esos contratos? Por lo pronto, sin permiso de los toreros del G-10 no pueden ejecutarse en las condiciones que hayan acordado empresa-TV; una de las partes o las dos, tendrán que sentarse con los actuales depositarios de los derechos de imagen para renegociar el tema.
Por eso, si ya venía forzados los empresarios a realizar verdaderos encajes de bolillo para salvar en sus carteles el “no” de José Tomás a ser televisado, buscándole acomodo en tardes que quedaran fuera de los acuerdos firmados con las televisiones, ahora esa tarea se amplía y complica.
En primera instancia, en cuanto a calendario se refiere, el tema afectará a la oferta que este lunes deberá presentar el triparto para la adjudicación de Las Ventas. De una forma o de otra, la decisión de los toreros afecta a las previsiones de ingresos que hayan hecho para realizar una oferta con base fundada. Como poco, tienen una incertidumbre más para cuadrar la cuenta de resultados.
Por otro lado, la cesión de la gestión de estos derechos a terceros afecta también a las relaciones toreros-apoderados. Si hasta ahora eran los mentores lo que gestionaban este asunto, ahora el tema queda fuera de sus competencias. Será curioso comprobar como esta realidad se materializa en el caso de los toreros apoderados por los grandes grupos empresariales.
Pero, además, una vez que los matadores ejercitan sus derechos de forma individual, se abre una brecha más al quedar pendiente de resolución la cuestión de la retribución correspondiente por este concepto de las cuadrillas, los ganaderos, etc.

Fdo Tomás Villegas