La ILP taurina se pospone de nuevo. La tramitación parlamentaria de la ILP que persigue convertir a la fiesta de los toros en patrimonio cultural inmaterial ha vuelto a ser pospuesta. La medida supondría un blindaje legal para futuros asaltos abolicionistas aunque, ésa es la verdad, el futuro de la fiesta depende mucho más de sus fantasma internos que de la monserga de los antitaurinos. Eso sí, convendría copiar su capacidad de organización y el impacto mediático de su discurso melancólico que ha conseguido calar, gota a gota, en una sociedad ternurista, mediocre y alejada de los valores agrarios que la alentaron no hace tanto. Sí sorprende el optimismo infantil -léase desfachatez- de los políticos, que no se cansan de prometer ínsulas Baratarias a los pobres sanchos de esta bendita tierra quemada por la crisis y la corrupción de sus barandas. Asegurar y reiterar a estas alturas -del betún- que los festejos taurinos retornarán a Cataluña nosécuando es un insulto a la inteligencia. Los Matilla y los Balaña andan contando los billetes de la indemnización del lucro cesante y desandar ese camino, hoy por hoy, sería un auténtico milagro.
Una necesaria puesta al día. Del papelón de Juan Manuel Albendea en los primeros compases de la tramitación de la ILP en las cortes ya hablamos sin tapujos. Su señoría se perdió entre unos particulares juegos florales y esa inoperante esgrima política que agotó todo su tiempo para diversión del personal de los escaños y sus respectivas camarillas. Pero en aquella ocasión perdió una oportunidad de oro que no se puede desperdiciar con fuego de salvas en el inminente debate parlamentario. No podemos dudar de la solvencia del profesor Andrés Amorós o el ganadero Carlos Núñez que además es el doble presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia y la Mesa del Toro. Pero si los flancos intelectuales y parte de los profesionales podrían estar cubiertos hay muchas líneas de frente desguarnecidas en el equipo anunciado por Albendea, alias Gonzalo Argote. Y hay que cubrirlos con el lenguaje y la gente que hoy garantiza el futuro de esta fiesta que sigue presa de sus propias taras. ¿Han sido consultados los toreros? ¿Han contado con los profesionales que se ocupan de la economía y el derecho que genera el mundo del toro?
Avance y retirada del abolicionismo. Dejemos por ahora el debate de la ILP para apuntar el batiscafo hacia otras tierras de la piel de toro en las que se dirime la interesada batalla abolicionista, tantas veces aliada de ese nacionalismo que quiere cortar amarras con todo lo que huela a España. Ya hemos hablado largo y tendido del caso de San Sebastián, una plaza levantada por el empeño personal del recordado empresario Manolo Chopera y cerrada para el toreo por las huestes de Bildu. Se habló de la incapacidad legal del ayuntamiento donostiarra para prohibir las corridas y es que en realidad no han prohibido nada; tampoco lo han hecho en Oviedo o Burgos. El gobierno local se limitará a dejar de negociar con empresas taurinas y el coso de Illumbe, que ya venía pegando tumbos, dejará de dar toros. Es así de fácil. No es el mismo caso de Galicia, una región parca en festejos que, más allá de alguna novillada suelta en ruedos menores, mantiene dos ciclos con distinta suerte: plena salud en la plaza cubierta de Pontevedra para su amable feria de La Peregrina y renqueante en el moderno coliseo de La Coruña. Afortunadamente, la supervivencia de ambos seriales dependerá de sus propios condicionantes en vez de la prohibición radical que pretendía el BNG. La propuesta fue tumbada en el parlamento gallego con los votos en contra de la bancada popular, que no quiso repetir el asombroso numerito de Utrera. Y hablando de la cuna del toro bravo, el famoso artículo que prohibe ir a la plaza a los más pequeños será pronto papel mojado. Lo malo del asunto es que no tendrán toros para ir.
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