"Estando en vigor la Ley que regula la Tauromaquia, ¿cómo es posible que no se adopten medidas administrativas y judiciales contra esas evidentes infracciones?".
Es la pregunta que se viene a hacer Juan Manuel Albendea, jurista, hasta ahora presidente de la Comisión de Cultura en el Congreso y a lo largo de varias legislaturas el diputado más activo y firme en la defensa del hecho y la singularidad de lo taurino.
Su artículo en ABC de Sevilla viene a responder con fundamento a esa cuestión, para concluir que si no se responde con urgencia a esa interrogante las infracciones antitaurinas "seguirán proliferando y cada día el tema irá a más y será más enojosa la solución".
La Tauromaquia está en peligro si la autoridad gubernativa y la judicial no adoptan las medidas que la legislación vigente les otorga. Son ya varias ciudades cuyos ayuntamientos han tomado la decisión de suprimir por su omnímoda voluntad toda clase de festejos taurinos. Son municipios gobernados por Podemos y sus secuaces y no pocas veces con la complicidad o indolencia del PSOE.
Por citar solo algunos de los casos más relevantes tenemos el mal ejemplo de La Coruña donde ha suprimido los festejos de la feria de María Pita. En Huesca, el tripartito que gobierna la ciudad hicieron público un documento en el que se acordaba la desaparición paulatina de los festejos taurinos hasta suprimirlos en 2017. Palma de Mallorca parece que está dispuesta a declararse ciudad antitaurina. Son algunos otros municipios más pequeños que, o bien han tomado las medidas de prohibirlos o está en su programa electoral hacerlo.
Por eso es importante que las autoridades gubernativas, bien de las Comunidades Autónomas como del poder central y la autoridad judicial adopten las medidas pertinentes que la legislación vigente les otorga. Vamos a echarles un vistazo: la ley 18/2013 de 12 de noviembre para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural es contundente en la protección de la misma. Sin duda alguna, esta Ley significa también un sólido argumento para una sentencia favorable del Tribunal Constitucional al recurso contra la prohibición de las corridas en Cataluña.
Empecemos por la Exposición de motivos: “La Tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles”. Otrosí: “El carácter cultural de la Tauromaquia es indiscutible y merece ser preservado como un tesoro propio de nuestro país” Siguiendo con la Exposición de Motivos, su último párrafo es contundente: “El objeto de la Ley es delimitar la Tauromaquia como parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional. Esto trae como consecuencia, en un marco de colaboración entre las diferentes Administraciones Públicas , un deber general de protección y, a su vez, unas medidas de fomento y protección en el ámbito de la Administración General del Estado”.
Pero vamos con la parte dispositiva de la Ley. Empecemos por el artículo 2; “La Tauromaquia, en los términos definidos en el artículo 1 , forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional , de acuerdo con la normativa aplicable y los tratados internacionales sobre la materia”. Pero el artículo 3 es todavía más contundente: Artículo 3: “En su condición de patrimonio cultural, los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución.”
Pues el artículo 46 no puede ser más explícito y contundente: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.”
Estando en vigor esta Ley, ¿cómo es posible que no se adopten medidas administrativas y judiciales contra esas evidentes infracciones de Ley?. Si no se adoptan con premura seguirán proliferando y cada día el tema irá a más y será más enojosa la solución.
Fuente: ABC de Sevilla, 19 de noviembre de 2015
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