Podemos no ha podido sacar adelante su proposición de ley para reformar la legislación autonómica en materia de protección de animales, que en realidad buscaba abrir un debate antitaurino en aquella Comunidad. En el pleno de la Cámara autonómica los votos de PSOE, PP y Cs han sido suficientes para rechazar la proposición de ley, que sólo contó con el apoyo de sus promotores y de Izquierda Unida.
Como en otros temas, en su iniciativa la formación radical “dice sin decir” que de lo que se trataba es de entorpecer el camino de la Tauromaquia. Aprendiendo de los reveses de Cataluña y del escándalo de Baleares, en Andalucía tan sólo muy marginalmente cita a lo taurino. Pero si la propuesta llegara a aplicarse, incluso literal, la propuestas la cuestión no quedaría lejana de la descabellada iniciativa de las Islas, hoy pendiente de que lo diga el Tribunal Constitucional.
Formalmente, la propuesta legislativa se orientaba al maltrato animal desde muy diversas perspectivas: prohíbe que haya animales en los circos, las peleas de gallos, el tiro al pichón, venta de especies exóticas; se sanciona el abandono de mascotas y se regula las colonias de gatos urbanos… Sin embargo, el Gobierno de Susana Díaz ya había advertido su criterio contrario, porque se trata de materias ya contempladas, y de forma muy detalladas, la gran mayorçia de esas materias.
Y así, en su acuerdo remitido al Parlamento, el Gobierno andaluz no se anda con rodeos, cuando dice: “La proposición de ley resulta ser un texto generalista, que no aporta valor añadido a la regulación ya existente en materia de protección y bienestar animal en distintos ámbitos como la producción ganadera o los animales de compañía. Igualmente, el texto propuesto es desequilibrado, regulando en exceso materias relacionadas con los animales de compañía, con la salud pública o la sanidad animal, sin plantear aportaciones para otros ámbitos”.
Pero a efectos de la Tauromaquia, el Gobierno no era menos explícito: “También van más allá del objeto de la Proposición de Ley aquellas cuestiones relacionadas con la tauromaquia. El Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de octubre de 1998, señala la conexión existente entre la fiesta de los toros y el patrimonio cultural español. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha manifestado que las decisiones autonómicas no pueden llegar al extremo de impedir, perturbar o menoscabar el ejercicio legítimo de las competencias del Estado en materia de cultura al amparo del artículo 149.2 CE.
Exceden por tanto del ámbito de la protección de los animales las cuestiones referidas a los festejos taurinos, que, además de poder invadir la competencia estatal de preservación del patrimonio cultural, están conectadas con la conservación de las tradiciones y el patrimonio cultural andaluz”
Prohibir y sancionar
Pero, entre todas, destacaba un capítulo por encima del resto: la prohibición de la participación de menores de edad en las escuelas taurinas, una fórmula indirecta con la que Podemos pretende asfixiar la tauromaquia en Andalucía, “cortocircuitando el relevo generacional de los matadores de toros”. Y para ello buscaba a diseñar un amplio capitulo sancionatorio, que indirectamente e injustamente podrían aplicar a la Tauromaquia.
La propuesta de ley de prohíbía expresamente la “participación” y la “asistencia” de “personas menores de 18 años en pruebas funcionales y entrenamientos a puerta cerrada con reses de lidia, espectáculos y festejos debidamente autorizados con este tipo de animales y clases prácticas con reses celebradas por escuelas taurinas autorizadas”, según señala la proposición de ley. Ha sido el propio secretario político de Podemos Andalucía, Jesús Rodríguez, quien no oculta que el acceso de alumnos menores de edad a las escuelas taurinas “cortamos de raíz el relevo generacional de toreros”, lo que a la larga “terminará por dar la puntilla a la fiesta”. Más claro, agua.
Con notables errores a la hora de fundamentar semejante propósito, naturalmente la formación morada acude a una resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dirigida expresamente a España. Pero naturalmente obvian que aquello no era resolución ejecutiva, sino una mera recomendación, en la que se reconocía abiertamente que esta institución "no está en contra de la tauromaquia en general en España, ya que es un evento histórico y cultural”. Y desde luego obvian los distintos estudios científicos que certifican “no hay bases suficientes para sustentar científicamente una medida como la prohibición de entrada de los menores de 14 años en las plazas de toros”.
En este punto de la decisión parlamentaria, conviene recordar algunos datos. Y así, en 2010 Parlamento catalán abolió las corridas de toros por 68 votos a favor, 55 en contra y nueve abstenciones. La prohibición entró en vigor el 1 de enero de 2012, pero el Gobierno central recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional, y éste la anuló en 2016. Cataluña fue la primera en intentarlo. Posteriormente el Gobierno balear aprobó su propia ley contra el maltrato animal, que no prohibía las corridas de toros, pero sí matarlos y la entrada a menores en las plazas. El Ejecutivo central volvió a recurrir a los tribunales y la norma, pactada por PSOE, Podemos y MÉS, quedó nuevamente pendiente de la resolución que dicte el TC.
Donde, desde luego, si esta propuesta de Ley hubiera prosperado, en Andalucía se habría encontrado con un fuerte rechazo social y económico, especialmente en en el sector turístico andaluz, que encuentra en las corridas de toros una lucrativa fuente de ingresos directos e indirectos. Baste un dato: en esta Comunidad autónoma, cuyo principal apoyo está en el turismo, cuenta con 119 plazas de toros, con una media de más de 200 festejos mayores al año. Sólo en lo que se refiere a las actividades de las Escuelas Taurinas, en los últimos 18 años el número de espectadores en directo en plazas de toros en Andalucía alcanzó los 1,67 millones, según datos de la Federación de Escuelas Pedro Romero, donde están asociadas las 26 escuelas taurinas andaluzas.
Sin embargi esta proposición de ley, que desde el principio carecía de viabilidad, tiene un elemento muy negativo, en lo que cabría denominar “efecto llamada”; esto es, que en instituciones públicas donde gobierna la formación morada y sus grupos afines, tengan ya escrito el discurso antitaurino, un discurso estructurado y que les puede servir para fundamentar sus ataques a la Tauromaquia.
Madrid, la segunda derrota de Podemos
Casi de forma simultánea, la proposición de ley también de Podemos, que igualmente buscaba prohibir la entrada de los menores de 18 años a las plazas de toros de la Comunidad. Tan sólo contó con los votos de su propio grupo, en tanto votaron en contra en contra los del PP y, a diferencia de Andalucía, se abstuvieron los de PSOE y Ciudadanos. Como en el caso andaluz, pretendían prohibir la entrada de los menores de 18 años a las plazas de toros y en las Escuelas.
En consecuencia la Asamblea autonómica no regulará el veto para que los niños y jóvenes puedan participar muleta en mano en espectáculos taurinos ni la retransmisión de festejos y corridas de toros en la denominación franja de horario infantil.
La propuesta de Podemos no ha logrado a pasar ni el primer trámite parlamentario, por 48 votos en contra, 52 abstenciones y 26 votos a favor, sobre un total de 126 parlamentarios.
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