CUESTIÓN DE LIBERTAD

Se cumple lo anunciado por el letrado Joaquín Moeckel en el Foro Taurino de ABC de 2010 en el Liceo de Barcelona: «La ley que prohibía los toros en Cataluña era contraria a la Constitución porque el Parlament tiene facultades para legislar en materia taurina, pero no para abolir».

El abogado experto en asuntos taurinos es contundente sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que condena a la Generalitat a pagar un millón de euros a la familia Balañá, propietaria de la Monumental de Barcelona: «La ineptitud de los políticos que prohibieron los toros, pese al aviso que muchos hicimos, costará un dineral a Cataluña. Además de hacer el ridículo con leyes inconstitucionales, ahora los catalanes -y al final todos los españoles- tendrán que pagar casi un millón de euros, dinero que podría haberse invertido en educación o sanidad».

Otras posibles indemnizaciones

Pero el jurista va más allá: «Además de los daños emergentes condenados, se abre la espita para que otras plazas de toros hagan lo mismo por verse privadas de un negocio legal. Y no solo por daños claros y emergentes, sino por el lucro cesante y la expectativa de derecho». De este modo, se entreabre también la puerta a posibles indemnizaciones «a Matilla (su empresa, Funciones Taurinas, era la encargada de organizar la temporada), toreros, ganaderos, transportistas...»

¿Ve Moeckel más cerca la vuelta de los toros a Barcelona? «Eso es cosa de la propiedad, de la familia Balañá. Yo rogaría que, aparte de la acción jurídica, hubiese una acción real por la Tauromaquia». Y lanza una sentencia: «No es cuestión de toros, es cuestión de todos; cuestión de libertad».

Se cumplió lo pronosticado por Moeckel en aquel Foro Taurino de ABC, bajo el lema de «El arte no tiene patria». Aquella mesa política la componían el portavoz de la Plataforma para la Defensa de la Fiesta, Luis Corrales; Rafael Luna (PP), David Pérez (PSC), Albert Rivera (Ciudadanos), Santi Vila (CiU), el ganadero el el ganadero Victorino Martín y el propio Joaquín Moeckel. «Algunos anunciamos lo que podría suceder. Y ha sucedido. Los políticos de la prohibición han hecho el ridículo. Si todas sus acciones son así, así va va Cataluña...»

Balañá pedía 10 millones de euros; la Generalitat, condenada a pagar un millón

La empresa propietaria del coso defendió su derecho a percibir una compensación económica de 10 millones: 4,5 millones por lucro cesante o pérdida de beneficios por cierre de la plaza de toros; 3,1 por daños emergentes relacionados con la actividad taurina; 1,3 por obsolescencia de la edificación; 40.627 euros por indemnización del único empleado fijo; 492.021 por sobrecoste de mantenimiento del edificio y 478.022 por daños morales.

La sentencia del Tribunal Superior de Cataluña establece que la cantidad indemnizatoria a la que tiene derecho la empresa Pedro Balaña es de 973.483 euros más los intereses devengados. El tribunal establece para la Generalitat la obligación de indemnizar al dueño de la plaza de toros con 181.725 euros por lucro cesante, que multiplicado por cinco años que duró la prohibición de actividad taurina en aplicación de la Ley 28/2010, hasta su declaración de inconstitucional, supone la cifra total de 908.625 euros; 24.627 euros por indemnización de personal y 36.000 euros por obsolescencia de la edificación y por sobrecoste de mantenimiento del edificio.