ALARMA EN LAS CUADRILLAS

Cuando tan solo en dos meses, el Covid-19 ha dado la puntilla a 90 festejos taurinos y las cuadrillas --sin incluir matadores y al personal de plaza-- han perdido ya casi dos millones de euros, las organizaciones profesionales de toreros, banderilleros, picadores, mozos de espada. Han dirigido un muy bien razonado escrito a las Secretarías de Empleo y Seguridad Social, ante las que denuncian no poder acogerse, por la singularidad de su forma de contratación, a las medidas adoptadas por el Gobierno para la protección de los trabajadores. 

Un verdadero drama profesional y personal que tiene que ser escuchado y resuelto.

Los profesionales taurinos han remitido una carta a las Secretarías de Empleo y Seguridad Social en la que exponen su «desamparo laboral» ante el estado de alarma, al no poder acogerse, por la singularidad de su forma de contratación, a las medidas adoptadas por el Gobierno para la protección de los trabajadores.

El texto, al que ha tenido acceso Efe, está firmado conjuntamente por la Unión de Toreros –que agrupa a matadores de toros, novilleros y rejoneadores de toda condición, y no solo a las grandes figuras-, la Unión de Picadores y Banderilleros y la Asociación Sindical de Mozos de Espadas, e invoca a la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que «no se dejará a nadie atrás».

Concretamente, los profesionales del toreo ponen en conocimiento de las autoridades laborales que las medidas referentes a la protección de los trabajadores autónomos no resultan aplicables a matadores y cuadrillas, «que son considerados como trabajadores por cuenta ajena en el marco de una relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos».

Del mismo modo, tampoco lo son las que afectan a los trabajadores por cuenta ajena, pues para este caso las prestaciones extraordinarias por desempleo están condicionadas a la tramitación de un ERTE «que no tiene encaje en la dinámica de la contratación» de este sector, al igual que sucede en otros espectáculos artísticos.

En la carta remitida a ambas Secretarías de Estado, toreros, subalternos y mozos de espadas añaden que ni siquiera pueden acogerse al último Real Decreto del 28 de marzo, que contempla un subsidio excepcional a trabajadores con contratos temporales, que excluye los inferiores a dos meses y que también exigiría de un ERTE previo.

Dos millones de euros

Los profesionales inscritos en estas tres asociaciones, que suman cerca de 2.000, consideran que la paralización total de la actividad taurina «implica una gran pérdida de empleos», que sólo en la etapa comprendida entre el 9 de marzo y el 10 de mayo han dejado de generar a las cuadrillas unos ingresos cercanos a los dos millones de euros.

Por todo ello, y siempre en defensa de los compañeros menos favorecidos, piden a la administración que proteja «la legítima expectativa de todos los trabajadores taurinos a ocupar los sucesivos puestos que el calendario tradicional les venía ofreciendo y que han sido suspendidos por las medidas del estado de alarma, que en lo que se refiere a espectáculos abiertos a la pública concurrencia se prolongará a buen seguro más allá de la vigencia de éste».

Para solucionar esta crítica situación, toreros y cuadrillas -que siguen ofreciéndose a cualquier acción solidaria que se les requiera- solicitan al Ministerio de Trabajo que adopte «medidas compensatorias» del cese de la actividad, que deberían consistir en una prestación extraordinaria por desempleo que contemplara las peculiaridades de la contratación en el sector taurino.

Creen asimismo que esas medidas deberían incluir a todos los trabajadores incluidos en el censo de activos taurinos a fecha del 31 de diciembre de 2019, quienes, sin quedar supeditados a la acreditación de contrato alguno, percibirían dicha prestación calculada sobre las cotizaciones efectuadas en los 365 días anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto que introdujo estas ayudas, y que no debería ser inferior al salario mínimo interprofesional.

En ese sentido, los profesionales taurinos consideran que la duración de esta prestación extraordinaria debería extenderse hasta el momento en que el Gobierno autorice definitivamente la celebración de espectáculos abiertos, así como piden que, para paliar los efectos de la falta de sueldos, se suspenda la obligación del ingreso de cotizaciones de la regularización del ejercicio de 2019.