Por poderes

Nos preguntamos :

¿Acaso no es un delito que un partido político ofrezca en su programa electoral que va a prohibir un Patrimonio Cultural amparado por la Constitución? 

Si no lo es, que nos lo expliquen. Porque entonces resultará que tenemos dos o tres o cuatro Constituciones. O que somos ciudadanos  de segunda. O que les importamos un bledo, menos nuestro dinero. No necesitamos administradores de nuestra inseguridad. No necesitamos recaudadores de impuestos. Necesitamos que nuestros impuestos y tasas nos den derecho a ser ciudadanos de primera.

Esto dice nuestra Constitución (artículo 46, Capítulo tercero del Título I: De los Derechos y Deberes Fundamentales):

“LOS PODERES PUBLICOS GARANTIZARAN LA CONSERVACION Y PROMOVERAN EL ENRIQUECIMIENTO DEL PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL Y ARTISTICO DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA Y DE LOS BIENES QUE LO INTEGRAN, CUALQUIERA QUE SEA SU REGIMEN JURIDICO Y SU TITULARIDAD. LA LEY PENAL SANCIONARÁ LOS ATENTADOS CONTRA ESTE PATRIMONIO”. 

Este espectáculo agraviado y perseguido a espaldas de la Constitución, ha sido la segunda actividad que más dinero ha dejado en las arcas públicas tras el fútbol. Entre el  IVA otros impuestos y las rentas de pisos de plazas, entre costes y gastos administrativos, de cien euros facturados, las administraciones han  ingresado muchos miles de euros. Ese afán recaudatorio ha sido el papel más significado del poder público en el toreo. No la vigilancia de su libre derecho constitucional a existir.

El toreo sólo necesita exigir un derecho a sus Gobiernos: que haga cumplir la ley. Nada más. No necesita subvenciones ni ayudas de “papá Estado”. Ha de exigir con firmeza que se cumpla la ley, el derecho que nos da la ley y la Constitución. La seguridad jurídica para existir en el futuro que hoy no tiene la tauromaquia.

Esta dejación histórica, este incumplimiento grave de nuestros derechos Constitucionales (cumplidos sin embargo en Francia y en Colombia) ha de ser el discurso enérgico y diario de toda la Tauromaquia, público y aficionados incluidos, cada día y cada hora. Porque los distintos gobiernos, central y autonómicos, han metido la mano en el toreo no desde el punto de vista de la afirmación legal de un derecho y una libertad, sino sólo desde el punto de vista de reglamentos y recaudaciones.

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