El Toro de la Vega y las becerradas de Algemesí
Cada día que pasa aumenta el acoso que reciben los ciudadanos que gustan del espectáculo taurino sin que la Administración, incluida autoridades encargadas del orden público, haga nada que no sea proteger a los acosadores.
El acoso lo recibimos a las puertas de las plazas y a través de algunos medios de comunicación en los cuales afamados periodistas que dirigen programas de radio y televisión de elevada audiencia, no tienen ningún recato en llamar de todo, menos bonito, al mundo taurino.
Siempre empleando argumentos demagógicos que calan en la sensibilidad de aquellas personas que desconocen en profundidad una tradición cultural que en la península Ibérica se inició con la llegada del toro a las marismas hace más de un milenio.
El Toro de la Vega y las becerradas de Algemesí han constituido en las últimas semanas el centro de las protestas violentas de grupos anti taurinos que mezclados con antisistemas y debidamente protegidos por las fuerzas de orden público, han arremetido y se han enfrentado a los ciudadanos de Tordesillas y Algemesí. Aquí incluso, atentando contra el montaje de los ‘cadafales’ al intentar cortar las sogas que amarran troncos y tablones que conforman esta peculiar y singularísima plaza de toros que año tras año montan, con no poco esfuerzo, las Peñas de la Comisión organizadora de la “Setmana del Bous” de Algemesí.
También lo padecieron, el pasado 7 de septiembre, el público que acudió a presenciar la corrida de toros que se celebró en la plaza alicantina de Villena, donde a un grupo de unas 70 personas se les permitió manifestarse ante la mismísima puerta principal, obstaculizando la entrada a la plaza y la llegada a las taquillas, ante la pasividad de ‘cuatro’ agentes de la Guardia Civil que poco podían hacer ante el número de manifestantes y argumentaban que la concentración estaba autorizada, permitiendo vulnerar el derecho que tenían los cuatro mil aficionados que llenaron la plaza de entrar libremente a presenciar un espectáculo autorizado y con plena vigencia en España, así como los intereses de un empresario que creó unos puestos de trabajo y religiosamente pagó sus impuestos.
La fiesta de los toros fue declarada en su día Patrimonio Cultural de los españoles.
Por lo tanto y siguiendo al pie de la letra la Constitución de todos, el gobierno y las instituciones están obligados a velar por ese patrimonio. La tauromaquia en las distintas versiones con las que se produce en España está protegida por la Constitución como Bien de Interés Cultural a través de la Ley 18/2013.
El último gobierno socialista, por cierto, la cobijó bajo la tutela del Ministerio de Cultura.
La Ley mencionada dice textualmente “los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento”.
Según esta ley, supongo que prohibir una actividad constitucional no tiene lógica, no puede tener respaldo jurídico, pero es que además están obligados a protegerla. Está claro, pues, que las comunidades autónomas y ayuntamientos pueden gestionar y ahí entra lo que dice la ley mencionada, pero no tienen competencia para prohibir, y por otro lado las delegaciones de gobierno que tienen la obligación de velar por la seguridad de todos los ciudadanos, pueden conceder permisos de manifestación, concentración o lo que sea, pero sin poner en peligro la integridad física y moral de las personas que acuden a una plaza de toros a presenciar un espectáculo que está respaldado por ley.
Si quieren autorizar a los antitaurinos, háganlo, están en su derecho, pero nunca les dejen llegar a las inmediaciones de las plazas de toros.
Tomen buena nota de Francia, que está defendiendo la Tauromaquia con contundencia y sin complejos de ningún tipo evitando que los manifestantes se acerquen a las plazas de toros.
Las leyes que emanan de la Constitución Española y se legislan en el Congreso de los Diputados deben de ser respetadas por todos los estamentos de la nación, no pueden ser interpretadas al libre albedrío de cada organismo o grupo político, tal y como viene sucediendo. Y no olviden que, según las últimas encuestas, más de 17 millones de españoles de todos los colores e ideologías dicen sí a la Tauromaquia.
Si no se pone freno a tanto desmán, lo que hoy es ‘acoso’, mañana se puede convertir en ‘derribo’ y traer trágicas consecuencias, consiguiendo el fin de una cultura que pervive desde tiempos inmemoriales y es una de las muchas señas de identidad de la nación española. Evítenlo.
El acoso lo recibimos a las puertas de las plazas y a través de algunos medios de comunicación en los cuales afamados periodistas que dirigen programas de radio y televisión de elevada audiencia, no tienen ningún recato en llamar de todo, menos bonito, al mundo taurino.
Siempre empleando argumentos demagógicos que calan en la sensibilidad de aquellas personas que desconocen en profundidad una tradición cultural que en la península Ibérica se inició con la llegada del toro a las marismas hace más de un milenio.
El Toro de la Vega y las becerradas de Algemesí han constituido en las últimas semanas el centro de las protestas violentas de grupos anti taurinos que mezclados con antisistemas y debidamente protegidos por las fuerzas de orden público, han arremetido y se han enfrentado a los ciudadanos de Tordesillas y Algemesí. Aquí incluso, atentando contra el montaje de los ‘cadafales’ al intentar cortar las sogas que amarran troncos y tablones que conforman esta peculiar y singularísima plaza de toros que año tras año montan, con no poco esfuerzo, las Peñas de la Comisión organizadora de la “Setmana del Bous” de Algemesí.
También lo padecieron, el pasado 7 de septiembre, el público que acudió a presenciar la corrida de toros que se celebró en la plaza alicantina de Villena, donde a un grupo de unas 70 personas se les permitió manifestarse ante la mismísima puerta principal, obstaculizando la entrada a la plaza y la llegada a las taquillas, ante la pasividad de ‘cuatro’ agentes de la Guardia Civil que poco podían hacer ante el número de manifestantes y argumentaban que la concentración estaba autorizada, permitiendo vulnerar el derecho que tenían los cuatro mil aficionados que llenaron la plaza de entrar libremente a presenciar un espectáculo autorizado y con plena vigencia en España, así como los intereses de un empresario que creó unos puestos de trabajo y religiosamente pagó sus impuestos.
La fiesta de los toros fue declarada en su día Patrimonio Cultural de los españoles.
Por lo tanto y siguiendo al pie de la letra la Constitución de todos, el gobierno y las instituciones están obligados a velar por ese patrimonio. La tauromaquia en las distintas versiones con las que se produce en España está protegida por la Constitución como Bien de Interés Cultural a través de la Ley 18/2013.
El último gobierno socialista, por cierto, la cobijó bajo la tutela del Ministerio de Cultura.
La Ley mencionada dice textualmente “los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento”.
Según esta ley, supongo que prohibir una actividad constitucional no tiene lógica, no puede tener respaldo jurídico, pero es que además están obligados a protegerla. Está claro, pues, que las comunidades autónomas y ayuntamientos pueden gestionar y ahí entra lo que dice la ley mencionada, pero no tienen competencia para prohibir, y por otro lado las delegaciones de gobierno que tienen la obligación de velar por la seguridad de todos los ciudadanos, pueden conceder permisos de manifestación, concentración o lo que sea, pero sin poner en peligro la integridad física y moral de las personas que acuden a una plaza de toros a presenciar un espectáculo que está respaldado por ley. Si quieren autorizar a los antitaurinos, háganlo, están en su derecho, pero nunca les dejen llegar a las inmediaciones de las plazas de toros.
Tomen buena nota de Francia, que está defendiendo la Tauromaquia con contundencia y sin complejos de ningún tipo evitando que los manifestantes se acerquen a las plazas de toros.
Las leyes que emanan de la Constitución Española y se legislan en el Congreso de los Diputados deben de ser respetadas por todos los estamentos de la nación, no pueden ser interpretadas al libre albedrío de cada organismo o grupo político, tal y como viene sucediendo. Y no olviden que, según las últimas encuestas, más de 17 millones de españoles de todos los colores e ideologías dicen sí a la Tauromaquia.
Si no se pone freno a tanto desmán, lo que hoy es ‘acoso’, mañana se puede convertir en ‘derribo’ y traer trágicas consecuencias, consiguiendo el fin de una cultura que pervive desde tiempos inmemoriales y es una de las muchas señas de identidad de la nación española. Evítenlo.
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