Por Antonio Lorca.
El Congreso de los Diputados aún no ha dado luz verde a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende derogar la ley de noviembre de 2013 que regula la tauromaquia como patrimonio cultural.
No lo ha dado porque no ha tenido tiempo, y el recorrido que le espera en las dos Cámaras es muy largo e incierto; tanto, que no está nada claro, en primer lugar, que sea posible cumplir con el plazo de los seis meses que fija la ley orgánica de marzo de 1984 reguladora de la iniciativa legislativa popular a fin de que la proposición sea incluida en el orden del día del pleno para su toma en consideración. Pero aunque así fuera, el trámite no habría hecho más que comenzar.Lo único cierto hasta ahora es que la Junta Electoral Central ha ratificado las firmas válidas que permiten el inicio del proceso, y ha remitido el correspondiente certificado a la sede de la Cámara Baja.
El siguiente paso es que la Mesa del Congreso lo estudie para su calificación y envío a la Comisión correspondiente. Ese órgano, que está formado por la presidenta, los cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios, se reúne los martes de cada semana y tiene cola de asuntos debido a la intensa actividad del Parlamento.
Se supone que una vez superado ese paso previo, será la Comisión de Cultura —que se reúne una vez al mes— la encargada de estudiar el contenido de la ILP. Para ello, deberá convocar al proponente de la iniciativa ‘No es mi Cultura’ para que explique a los diputados el objeto de la propuesta.
Solo entonces estará listo el texto para su toma de consideración en el pleno del Congreso. ¿Y qué quiere decir ‘tomar en consideración’? Quiere decir que el Congreso acepta continuar con la tramitación de una proposición de ley.
Si la ILP antitaurina recibe el respaldo del plenario, deberá volver de nuevo a la Comisión correspondiente que abrirá un plazo de enmiendas que se puede prorrogar sine die en función de los debates que genere.
El siguiente paso es su discusión y aprobación, en su caso, en el pleno; y del Congreso viaja al Senado, que cuenta con mayoría absoluta del PP, y puede introducir las enmiendas que estime convenientes. Vuelve de nuevo al pleno del Congreso, que decide, finalmente, cómo queda la ILP transformada en ley.
O no. Es decir, el hecho de una ILP sea tomada en consideración no significa que acabe promulgada como ley en el BOE; o que el texto aprobado coincida con las pretensiones de los ciudadanos firmantes. Es más, puede ser eliminada en cualquier momento, y así ha sucedido en la mayoría de las ocasiones en las que el Parlamento ha debido debatir una iniciativa popular.Pero este es el trámite parlamentario que establece el Reglamento del Congreso, aunque no significa que los plazos de ejecución sean rápidos ni inmediatos.
Todo depende de las intenciones de los distintos grupos parlamentarios, la cantidad de asuntos que sus señorías tengan sobre la mesa y la urgencia que le impriman a esta iniciativa antitaurina. Y nadie puede asegurar en este momento que la ILP presentada sea aprobada sin enmienda alguna que modifique sustancialmente o no su contenido.
Téngase en cuenta que la ILP que pretendía declarar la tauromaquia como Bien de Interés Cultural (BIC) se presentó en marzo de 2012, fue aprobada en noviembre de 2013, y la propuesta de los firmantes quedó reducida a patrimonio cultural. Y entonces gobernaba entonces el PP —favorable a la iniciativa— con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
Ahora es el PSOE el partido que tiene la llave para agilizar, ralentizar o paralizar el recorrido de la ILP por la Cámara Baja, tanto en el debate de la Comisión de Cultura, que preside, como en su toma en consideración y votación en el pleno.
No sería la primera vez que una ILP se queda dormida en el cajón del olvido, y no es nada previsible que la actual pudiera ser aprobada con su contenido inicial.
Fuentes parlamentarias aseguran que, con toda seguridad, la ILP no estará lista para su toma en consideración antes de que finalice en junio el actual período de sesiones e, incluso, apuntan la posibilidad de que no sea discutida en esta legislatura.
Sea como fuere, la batalla de la ILP antitaurina aún no está ganada, ni mucho menos, a pesar de la euforia de sus proponentes. Queda mucha tela que cortar, muchos debates que dirimir, muchos plazos que se pueden volver interminables, y enmiendas que pueden sorprender —y no siempre para bien— a los que ya parecen cantar victoria.